Guanajuato, Gto. 7 Nov. (GPPRI).- El Grupo Parlamentario del PRI exigió hoy información fidedigna por parte de las autoridades municipales con respecto a la pérdida del estadio León, así como castigo a los culpables quienes tienen nombre y apellido y deben quedar señalados y en caso de responsabilidad, deben de ser sancionados.
En asuntos generales, el diputado Héctor Hugo Varela Flores, destacó que de acuerdo a lo publicado por los medios de comunicación, el mayor grado de responsabilidad recae en quienes decidieron extinguir anticipadamente un fideicomiso que administraba el Estadio sin tener razón para ello.
Agregó que la ‘Crónica de una muerte anunciada’ es la tragedia generara por la pérdida del inmueble, en manos de la ineptitud e ineficiencia de sendas administraciones del Municipio; misma que se acuño en tiempos pretéritos, pero se materializo en el año 2000.
La administración municipal de León, ha incurrido en una completa opacidad respecto al tema, pues ha omitido declarar los pormenores a ese asunto, tendiendo nuevamente una cortina de humo con el peregrino argumento de que el equipo seguirá jugando en el histórico inmueble, empero, sobre los responsables de la pérdida del estadio León nada se señala.
La muerte anunciada se gesta desde el momento en que hacen creer a los leoneses que el estadio es de ellos al pasar presuntamente a manos del municipio, situación jurídica falsa, pues el municipio nunca ha sido dueño del inmueble y nunca lo será, sino que únicamente lo administró a partir de un fideicomiso constituido a modo de los Zermeño, en donde cabe mencionar que, la autoridad municipal de 2007 decidió extinguir anticipadamente ese negocio jurídico, circunstancia que detonó en un largo litigio.
El diputado Hugo Varela destacó que resultan obligados otros cuestionamientos como lo son: ‘¿por qué la administración municipal encabezada por Jorge Carlos Obregón celebró un fideicomiso en el año 2000, con quien se ostentaba como titular de la franquicia del equipo de futbol León de Primera División? cuyo objeto fue administrar el estadio e hicieron creer a la opinión pública que el municipio de León era el dueño del estadio.
En la maraña en que se ha convertido el caso del Estadio por las reiteradas falsedades, tampoco se ha aclarado la razón de que, siendo que el fideicomiso se pactó por diez años para administrar el estadio no para que fuese el dueño, ¿por qué la autoridad municipal de 2007 decidió extinguir anticipadamente ese negocio jurídico?
Como no había una causa legal para adoptar esa decisión, el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo y la Segunda Sala de la Suprema Corte, fueron coincidentes en confirmar que no existió el motivo para extinguir anticipadamente el fideicomiso y que, por lo tanto, se tenía que devolver el inmueble a la fideicomitente, dícese Roberto Zermeño Reyes y Héctor González González.
“La lección que nos debe dejar este asunto, es que los servidores públicos no tienen por qué involucrarse en los negocios de los particulares”, apuntó el diputado Hugo Varela.
Puntualizó que el GPPRI no comparte que la solución pueda ser la expropiación por causa de utilidad pública; y espera que la adquisición de los terrenos de Los Ángeles y Medina no sean un capítulo más de la crónica de la muerte anunciada y la afición leonesa se quede sin estadio, pues, a la fecha, no se ha puesto un ladrillo del tan anunciado estadio en el pasado proceso electoral.
El dinero de las contribuciones, no es para quedar bien con clientelas electorales, acotó.