León, Gto. A 20 de agosto del 2026. – La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) llevó a cabo una rueda de prensa, en la que informó que durante el 2025 realizó visitas de supervisión a 9 Centros Estatales de Prevención y Reinserción, 2 Centros Estatales de Prevención Social y al Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes; con el objetivo de identificar áreas de oportunidad, desde una perspectiva de derechos humanos, que contribuyan al fortalecimiento de los procesos de reinserción social.
Las visitas se llevaron a cabo en centros ubicados en los municipios de León, Pénjamo, San Miguel de Allende, San Felipe, Guanajuato, Acámbaro, Celaya, Irapuato, Valle de Santiago y Salamanca; y en total 1,496 personas privadas de la libertad respondieron los cuestionarios.
El informe parte de una premisa fundamental: la privación de la libertad constituye una sanción impuesta por la autoridad, pero no implica la pérdida de la dignidad ni de los derechos fundamentales de las personas.
En este sentido, una reinserción social efectiva requiere condiciones que permitan el acceso a la salud, educación, capacitación para el trabajo, trabajo y desarrollo personal. Durante la rueda de prensa, la Procuradora de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, mencionó “En un estado democrático de derecho, la privación de la libertad constituye la sanción impuesta por la autoridad; no la pérdida de la condición humana ni de los derechos fundamentales que la acompañan”.
Entre los principales hallazgos se identificaron áreas de oportunidad relacionadas con la prevención y atención de casos de tortura y/o maltrato, acoso sexual, condiciones materiales e higiene, sobrepoblación, comunicación telefónica con organismos públicos de derechos humanos, acceso a servicios de salud y atención a la salud mental. Es importante mencionar que estas áreas de oportunidad no son de todos los Centros.
En materia de salud mental, se detectaron carencias en la cobertura y frecuencia de atención especializada. El informe señala que existe una sola persona especialista en psiquiatría para atender a todos los centros, mientras que en Acámbaro una sola persona profesional brinda atención psicológica a una población de 211 personas.
En cuanto a la visita familiar e íntima, se reconoce la importancia para mantener vínculos familiares y afectivos. Se identificaron obstáculos adicionales para las mujeres privadas de la libertad, por lo que se plantea fortalecer acciones para atender situaciones relacionadas con el abandono.
Asimismo, se identificó la presencia de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos pueblos y comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual y de género, personas mayores, personas con discapacidad y personas que viven con VIH, por lo que se plantea fortalecer la atención diferenciada, los protocolos especializados, el acceso al trabajo remunerado y las actividades educativas y deportivas, entre otros aspectos.
Respecto al Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes, en términos generales se observaron condiciones favorables; no obstante, se señaló como área de oportunidad fortalecer el enfoque diferenciado, particularmente en los espacios y servicios destinados a mujeres adolescentes. “La reinserción social no solo representa un beneficio individual, sino también una inversión para la construcción de comunidades más seguras, incluyentes y respetuosas de los derechos humanos” comentó Karla Alcaraz.
Con este informe, la PRODHEG busca fortalecer los procesos de reinserción social, promover el respeto y protección de los derechos humanos en el contexto penitenciario e impulsar el compromiso institucional con la dignidad de las personas privadas de la libertad.
La Procuraduría refrenda que la reinserción social efectiva debe brindar a las personas privadas de la libertad las condiciones necesarias para ejercer sus derechos y contar con herramientas que les permitan desarrollar un proyecto de vida y reincorporarse a la sociedad.
