DIPUTADO ARIAS AVILA PROPONE MEJORAS A LA INICIATIVA DE REFORMA DE LEY DE MOVILIDAD

GUANAJUATO.- El Pleno del Poder Legislativo aprobó una propuesta del diputado Alejandro Arias Ávila, del GPPRI, para que únicamente cuando se trate de una conducta intencional o dolosa, se cancele el registro para el servicio privado de transporte.

Al presentar una reserva a la Iniciativa de reformas Ley de Movilidad, propuso que se estableciera que en la causal para cancelar el registro cuando “el propietario o conductor utilice el vehículo registrado en hechos que violenten el orden público o estén tipificados como delitos”, se precise que esa medida procederá siempre y cuando esas conductas sean “de carácter intencional”.

Durante la presentación de la propuesta de reforma planteada por el Ejecutivo, Arias Ávila propuso una reserva, en lo particular de la modificación del texto de la fracción II. del artículo 212 ter. del dictamen, que pedía cancelar el registro por la Unidad Administrativa de Transporte, por las siguientes causales: acumular tres infracciones, o que el propietario o conductor utilice el vehículo registrado en hechos que violenten el orden público o estén tipificados como delitos.

Sobre ello reflexionó que se debía precisar el supuesto sobre la causal de cancelación del registro relativo a la nueva modalidad de transporte, en el sentido de que el propietario use el vehículo registrado en hechos que violenten el orden público o estén tipificados como delitos, porque no es suficientemente clara la redacción, dado que hay delitos culposos y dolosos.

Entones, es indispensable precisar que la conducta que prevé dicho supuesto normativo deba ser causal de cancelación, “únicamente cuando se trate de una conducta intencional o dolosa”, porque “de lo contrario, los conductores que puedan estar inmiscuidos en accidentes de tránsito podrían ser sujetos a la cancelación de su registro”, explicó.

Por su parte, la diputada Yulma Rocha se reservó el artículo Cuarto transitorio de la misma norma para solicitar que se estableciera que, con la entrada en vigor de dichas reformas, el servicio especial de transporte ejecutivo transitará al servicio de transporte privado y tendrá a salvo el pago de derechos por el periodo que reste de vigencia a su permiso original.