Guanajuato, Gto., a 9 de junio de 2020.- El Congreso local exhortó al titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que instruya a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que ejerza la representación de socios adscritos a cajas de ahorro en el Estado de Guanajuato, que se encuentran situación clara de insolvencia o potencial quiebra.
El diputado Paulo Bañuelos Rosales presentó la propuesta a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, y dijo que “aunque existe una Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, existen algunas que no son supervisadas ni autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV y, en consecuencia, no cuentan con la cobertura del Fondo de Protección, el cual blinda los ahorros de los socios si alguna cooperativa llegara a tener problemas de liquidez”.
Precisó que el punto de acuerdo surge del llamado de diversos ciudadanos que ahorraron en la Caja de Ahorro ACRECENTA S.C. de A.P. de R.L. de C.V., con domicilio en el municipio de Celaya, Guanajuato, y de la que son dueños los Señores Luís Gómez Caudillo y Jesús Chávez Pérez. Esta caja de ahorro, registrada como Sociedad Cooperativa de Ahorro y Prestado- (SOCAP), y llama la atención que, a pesar de diversas quejas de los usuarios por no recibir sus ahorros, esta institución sigue trabajando cuando el propio sistema de buro de entidades financieras de la CONDUSEF la refiere en una situación con clara de insolvencia y en potencial quiebra.
El diputado Paulo Bañuelos precisó que 23 mil socios adscritos a cajas de ahorro en riesgo, aproximadamente. Por eso, llama la atención que dichas instituciones sigan operando en Guanajuato, sin contar con un seguro de depósitos. Además, se estima que los ahorros en riesgo ascienden a 2 mil 500 millones de pesos, aproximadamente.
“Hacemos un enérgico llamado al gobierno federal, para que, en cumplimiento de las atribuciones, verifique que dichas instituciones operen conforme a la ley, y garanticen los intereses y la seguridad jurídica de sus ahorradores”, concluyó el legislador.