León, Guanajuato; 25 de agosto de 2020.- El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Dr. Alberto Pérez Dayán, presentó los retos que enfrenta el Estado mexicano para garantizar el respeto y protección a los derechos humanos de las trabajadoras del hogar.
Lo anterior, a raíz de la jurisprudencia que emitió la SCJN en esta materia y que sirvió para ampliar el reconocimiento de los derechos de las personas que tradicionalmente habían sido discriminadas, por no tener acceso a seguridad social.
En su exposición, recordó el papel fundamental de la Corte para resolver controversias derivadas de los compromisos que establecen los tratados internacionales y el derecho interno, como fue el caso de la sentencia en el caso Radilla-Pacheco (Corte Interamericana de Derechos Humanos) por desaparición forzada y que derivaron en la reforma constitucional de 2011 sobre derechos humanos. Esta fue la base para un cambio en el paradigma de interpretación y aplicación del derecho interno, resaltó.
Desde el 2011, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el convenio 189 sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, que visibiliza los contextos de informalidad laboral, discriminación y abusos a sus derechos humanos.
Pero es hasta 2018 cuando se resolvió un Amparo Directo 9/2018, mediante el cual se reconoció la vulneración del derecho a la seguridad social de una trabajadora doméstica y cuando se conmina al IMSS para que haga una propuesta al Congreso de la Unión para establecer adecuaciones normativas que permitan incorporar de manera formal un nuevo sistema especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar en un plazo no mayor a tres años. La Sentencia de la SCJN dio pie a la transformación de los contextos estructurales e institucionales de discriminación en contra de la mujer.
El Magistrado detalló en su conferencia el proceso del amparo referido, en el cual participó, los argumentos jurídicos y las implicaciones que tuvo en su momento para alcanzar un mayor reconocimiento de los derechos humanos de las trabajadoras del hogar.
Posteriormente, el 2 de julio de 2019, el Congreso de la Unión aprobó las reformas a la Ley del IMSS y a la Ley Federal del Trabajo, que establecieron la obligatoriedad de prestar seguridad social a las trabajadoras del hogar.
En diciembre de 2019, el Senado de la República ratificó el tratado internacional de la OIT en el que se refrenda el propósito de garantizar la promoción y protección efectivas de los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores domésticos.
Este tratado entrará en vigor dentro del orden jurídico nacional en julio de 2021. En este marco, el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, destacó la relevancia de abordar este tema desde la perspectiva de derechos humanos y agradeció al Ministro de la SCJN su exposición.
En su mensaje, resaltó que el trabajo doméstico debe ser mejor valorado y reconocido, lo cual trae consigo para las personas que lo desempeñan, especialmente mujeres, mejores condiciones laborales y el acceso pleno a otros derechos.
Subrayó que el tema de los derechos humanos de las trabajadoras del hogar representa un reto al Estado mexicano, en el cual se debe construir una mejor realidad a las personas que tradicionalmente fueron excluidas por la sociedad y las autoridades en su reconocimiento. Montero de Alba concluyó que se requiere lograr una mayor efectividad de los derechos humanos de las trabajadoras del hogar.
De acuerdo con cifras sobre inclusión laboral y social de las trabajadoras del hogar en México, al menos 2.2 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, y de ellas casi un 95 por ciento son mujeres. La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que las trabajadoras no tienen una verdadera protección de sus derechos laborales.
En esta conferencia virtual participaron además las y los representantes de las comisiones estatales de derechos humanos de Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Guerrero, Tlaxcala, Tamaulipas y Quintana Roo. De igual manera, representantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guanajuato, de los 46 municipios del Estado así como organizaciones de la sociedad civil.