León, Gto.- La Fiscalía General del Estado (FGE) debe hacer una investigación a fondo por la muerte de cinco trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, y judicializar el caso por homicidio culposo, exigió Luis Ángel Briseño Rangel, hermano de Víctor Ricardo Briseño Rangel, supervisor del Módulo de Desbaste, que murió durante la fuga de ácido sulfhídrico.
Hay una responsabilidad penal de los directivos de SAPAL porque no tenían en buenas condiciones las instalaciones de la planta, porque no capacitaron adecuadamente, ni dotaron del equipo necesario a los trabajadores que fallecieron, acusó.
Aunado a esto, el SAPAL ofreció a las familias una indemnización que oscila entre los 32 mil y los 164 mil pesos, montos que corresponden a la parte proporcional de aguinaldo, a la prima vacacional, al fondo de ahorro y a una liquidación, explicó Luis Ángel.
“Son una burla” los montos ofrecidos a las familias de las víctimas porque es el equivalente a los porcentajes entregados a un trabajador que es despedido, señaló el hermano de Víctor Ricardo Briseño.
La noche del 13 de noviembre, Omar Ignacio, Juan Antonio, Alberto de Jesús, Víctor Ricardo y José Salvador murieron intoxicados con ácido sulfhídrico en el Módulo de Desbaste de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Las víctimas tenían menos de dos meses operando las instalaciones. A partir del 22 de septiembre de este año, el SAPAL se hizo cargo del manejo de la planta porque ya no renovó la concesión a ECOSYS III, empresa que tenía 20 años operando esta infraestructura.
A 22 días del accidente, ni el director de SAPAL, Enrique de Haro Maldonado; ni el presidente del Consejo Directivo, Jorge Ramírez Hernández, han dado la cara a las familias para explicarles que fue lo que ocasionó el accidente, recriminó Luis Ángel Briseño, quien exigió al alcalde de León, Héctor López Santillana, enfrentar el problema.
Antes del accidente, los trabajadores del Módulo de Desbaste ya habían reportado fugas por tuberías dañadas que ya no podían ser reparadas, recordó.
Aunado a las malas condiciones de la planta, los trabajadores no tenían la capacitación, ni el equipo necesario para operar este tipo de instalaciones, refirió.
“Tengo evidencias” que demuestran que las instalaciones estaban en malas condiciones, afirmó al referirse a la información que emitió SAPAL, sobre el accidente, donde afirma que no encontraron “ninguna anomalía tanto en tanque de almacenamiento, tuberías de distribución y equipo de dosificación”.
El Sistema de Agua también difundió “que es común la formación de ácido sulfhídrico en el medio ambiente de las plantas de tratamiento de aguas residuales” y ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que los cinco trabajadores “al transitar por el aire libre perdieron el conocimiento y se produjo su muerte”.
“Esa planta debería estar cerrada si la gente camina y se muere. La Secretaría del Trabajo debe inspeccionar las instalaciones y cerrarla si existen riesgos”, señaló.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no hizo un peritaje a profundidad para determinar que originó el accidente y en la autopsia escribieron que la causa de la muerte fue una intoxicación sin determinar, acusó Briseño Rangel, quien exigió una investigación a fondo y que finquen responsabilidades por homicidio culposo.
“Hoy tenemos una investigación simple del MP, hay un reporte de un peritaje, donde solo explican como encontraron los cuerpos y que había en el lugar. No hay algo que esclarezca qué fue lo que ocurrió, un estudio que determine la cantidad de este químico que inhalaron, dice la autopsia que murieron por intoxicación sin determinar”, recriminó.
Adelantó que analizan demandar por la vía civil a SAPAL para que asuman la responsabilidad de un accidente que se pudo prevenir.
La familia del ingeniero Víctor Ricardo Briseño Rangel, de 29 años de edad, exige justicia y que se aplique la ley a los responsables del fatal accidente.