Durante 2015, Guanajuato se mantuvo entre los cinco estados con mayores índices de inseguridad en el país, de acuerdo con reportes del Sistema Nacional de Seguridad (SNS). Robos de autos, robos a casas habitación y homicidios son los delitos de mayor impacto, lo que exige el que los tres niveles establezcan una estrategia conjunta y de carácter regional para combatir a la delincuencia.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) destacó lo anterior y aseveró que acuerdos como el establecido por los gobernadores de Guanajuato y Michoacán y el que próximamente se establecerá con Jalisco deberían extenderse a todas las entidades de la región.
Zamudio Cortés dijo que reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan un aumento de casi el 30 por ciento en homicidios en 2015 respecto a 2014.
En Guanajuato, explicó, hubo 995 víctimas de homicidio doloso durante 2015 y 879 denuncias por dicho ilícito. El SESNSP indica que Guanajuato registró un incremento de 23.9 por ciento en casos de homicidio doloso y 27.8 por ciento en víctimas de asesinato.
El reporte resalta que 2015 ha sido el año con mayor número de homicidios en Guanajuato desde el 2000; 604 de los 879 denunciados en Guanajuato se cometieron con armas de fuego.
Estos datos, explicó el líder perredista, no pueden ser ignorados. El PRD, afirmó, demandan la aplicación de un proyecto integral en materia de seguridad pública, que no sea de carácter exclusivamente policiaco.
La propuesta de mando único implica una alternativa viable en lo técnico, pero debe revisarse para garantizar no sólo efectividad, sino garantizar el respeto a la autonomía de los municipios y no puede quedarse sólo en el ámbito de la participación de corporaciones policiacas, destacó.
Respecto a los convenios con los estados de Michoacán y próximamente con Jalisco, Zamudio Cortés afirmó que deben establecerse al menos con el resto de los estados limítrofes y en estrecha coordinación con el gobierno federal.
Al igual que la propuesta para Guanajuato, debe ser un proyecto integral y transversal, que no sea sólo policiaco, sino que tenga también un carácter preventivo y con amplia participación social.