León, Gto.- Bárbara Botello Santibañez ex alcaldesa de León señaló de inmoral e ilegal, el tema del préstamo realizado por el Gobierno de Guanajuato para financiar al grupo Pachuca, por lo que exhortó al gobernador, al secretario de Finanzas y a todos los involucrados a responder, ya que presentará una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y la Fiscalía (FGEG), por dicho crédito.
Esto luego que se diera a conocer el préstamo de 230 millones de pesos que el Gobierno de Guanajuato brindó al grupo Pachuca, para que este pudiera comprar el Estadio Nou Camp, crédito que tiene un interés anual del 6% a un plazo de 9 años.
«El tema, ciertamente, es un asunto de opacidad y ocultamiento de la información, que salió a la luz pública por una entrevista televisada y que obligó al gobernador a aceptarlo», señaló.
«En efecto, los diputados panistas y los funcionarios del gobierno se llenan la boca hablando de que todo se hizo con estricto apego a la legalidad. Nada más falso. Yo reto desde aquí a los panistas a que señalen un solo artículo de cualquier ley que faculte a la Secretaría de Finanzas o a otra dependencia o entidad del gobierno del estado a prestar tales cantidades de dinero a particulares con un interés que apenas es el de la inflación, lo que se traduce, en términos reales, a prestar sin intereses», agregó.
En todo momento, señaló que se necesita un fundamento jurídico para disponer del dinero de los guanajuatenses para financiar el acrecentamiento del poderío económico de unos cuantos.
«Que no se nos olvide, la Constitución de Guanajuato dispone en su artículo 2 que el Poder Público únicamente puede lo que la ley le concede y el gobernado todo lo que esta no le prohíbe», comentó Bárbara Botello.
Mediante la lectura de algunos artículos de la Constitución Local, recalcó que la Secretaría de Finanzas tiene que apegarse estrictamente a lo que señalen las leyes en relación con la administración de los recursos públicos.
«En otras palabras, solo un cuerpo normativo que sea formal y materialmente legislativo puede dar facultades a la Secretaría de Finanzas para hacer esta clase de préstamos. Y simplemente no existe ninguna disposición en ninguna ley que le faculte para ello», explicó.
Recalcó que al no haber una ley que faculte a Finanzas a disponer de esta manera de los recursos de los guanajuatenses, los involucrados han incurrido en faltas graves señaladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y en la comisión de diversos delitos contra la administración pública, entre los que podrían estar uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
«Resulta una verdadera burla que mientras que este grupo de potentados recibe un privilegiado préstamo de 230 millones de pesos para acrecentar su imperio de negocios, a las familias guanajuatenses les ofrecen, desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Vales Grandeza por 50 pesos. Aquí la única grandeza es la de la desvergüenza, la ilegalidad y el privilegio para unos cuantos. Esa sí es la grandeza del PAN-Gobierno», dijo.
«Tampoco se nos debe olvidar que con este negocio se cierra el círculo de corrupción y engaño de los gobiernos panistas que comenzó en el año 2000, cuando Jorge Carlos Obregón, Chuy López Gómez y Esteban Ramírez, quien después fue el contralor carnal de Santillana, elaboraron y firmaron un leonino contrato de fideicomiso, por el que fingieron que el estadio pasaría a propiedad de los leoneses, cuando en realidad era un contrato leonino con todas las ventajas para Zermeño», recordó Botello Santibañez.
Además, destacó que en 2006, aprobaron en el Ayuntamiento la extinción del fideicomiso, sin ninguna facultad para hacerlo, puesto que se trataba de un fideicomiso privado, no de uno público, por lo que no podían desaparecerlo de la noche a la mañana.
«Entre los que aprobaron esta extinción se encontraban el regidor Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.
Con eso pusieron en charola de plata el pretexto a Zermeño para recuperar el estadio, lo cual ocurrió después de una larga cadena judicial. Y con este préstamo se cierra la pinza de esta secuencia: el gobierno del Estado pone el dinero para pagarle al viejo socio Zermeño, el cual queda feliz. El Grupo Pachuca recibe dinero y estado, queda más feliz. El Gobierno del Estado termina usando ilegalmente recurso público, y el pueblo leonés se quedó sin estadio, engañado por estos políticos del PAN y además siendo usado el dinero del propio pueblo sin su autorización, o sea, en esta truculenta historia de negocios entre empresarios y panistas, el pagano es el pueblo de Guanajuato y, en especial, el de León. ¡Qué grandeza de corrupción la que hay en Guanajuato!», comentó.
Así mismo, señaló una larga lista de actos de corrupción en el historial de los gobiernos panistas de Guanajuato y León, entre los que se encuentran: «La desaparición de 37 millones de pesos que los panistas invirtieron en Metrofinanciera y que se esfumaron; la compra de terrenos a precios irrisorios a los campesinos para luego vendérselos a precio de oro al gobierno del Estado para la construcción de la fallida refinería, todo a través de una empresa fantasma llamada Cereal y Transas Finas, creada por los propios funcionarios del Gobierno de Guanajuato; y el gasto espectacular de más de 2,800 millones de pesos en el fallido programa Escudo que no sirvió, sino para enriquecer a unos cuantos, mientras que los guanajuatenses pagan las consecuencias con los niveles más altos de inseguridad.