León, Guanajuato; 10 de julio de 2020.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato abrió el Expediente de Queja 72/2020-A e inició una investigación por los hechos registrados este viernes en la mañana en la glorieta Santa Fe de la ciudad de Guanajuato tras una manifestación y la intervención de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.
Previamente, el pasado 7 de julio, los integrantes de los colectivos hicieron llegar una solicitud para salvaguardar sus derechos durante un plantón que tenían programado para el jueves 9 del presente frente a las instalaciones del Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato.
En atención a esta petición, se solicitó al Presidente Municipal, Mario Alejandro Navarro Saldaña, a través del oficio SPI/1238/20, proveer las medidas de protección necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la libertad de expresión, libre manifestación de ideas, derecho de reunión, libertad de tránsito, derecho a la vida y a la salud de las personas integrantes de los colectivos que asistirían.
El contenido de esta solicitud a las autoridades municipales se hizo del conocimiento de los representantes de los colectivos. De igual manera, este organismo público de derechos humanos en el marco de cooperación y trabajo conjunto con la CNDH, está en contacto con el representante de la Visitaduría Auxiliar de dicha instancia, Jorge Francisco Rubio Salgado, para dar seguimiento a este caso.
En un marco de colaboración institucional se considera que los organismos públicos de derechos humanos, ya sea nacional o estatal, tienen la obligación de actuar de manera corresponsable, sin desvirtuar las legítimas demandas de la sociedad.
Este día se hizo de conocimiento público una manifestación en una de las vías de comunicación del acceso al municipio de Guanajuato, en la que participaron integrantes de los colectivos “A Tu Encuentro” y “Sembrando Comunidad”.
Derivado de esta situación, se observó la intervención de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado quienes posterior a la liberación del acceso, realizaron algunas detenciones de los participantes.
En razón de ello, se solicitó a la Secretaría de Gobierno proporcionar la asignación de abogados a las personas detenidas, a efecto de que se garantice de manera efectiva su derecho a una defensa adecuada en términos de lo dispuesto en el artículo 20 Constitucional así como en instrumentos internacionales.
De igual manera, se ha solicitado un Informe a las autoridades responsables del operativo y la detención de las personas, a la Fiscalía General del Estado, Regional D, y a la Policía municipal. La PDHEG considera que las manifestaciones sociales son una expresión legítima, amparada en los derechos humanos y contenidos en el artículo 1 de nuestra Constitución y las autoridades tienen la obligación de respetar el ejercicio de los mismos.
La desaparición forzada de personas o entre particulares es una violación grave a los derechos humanos. Reiteramos nuestra solidaridad con las familias que han sido víctima de esta situación y exhortamos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que combatan este fenómeno y generen condiciones reales para la investigación y búsqueda, garantizando el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición.