Es cierto que es motivo de celebración cuando en esta asamblea, que reúne a las distintas visiones ciudadanas de Guanajuato representadas en las y los legisladores que conformamos la Sexagésima Tercera Legislatura, encontramos las coincidencias en temas de gran trascendencia que harán que en nuestro Estado, teniendo a la persona como eje del desarrollo, se logren ciudades cada vez más humanas y comunidades dignas, pero no olvidemos que es nuestro trabajo generar las condiciones para dar los resultados que las y los guanajuatenses exigen, sin consideraciones de filosofías, colores, o convicciones personales.
La movilidad es uno de esos aspectos fundamentales que impactan en otros factores como la comunicación y la integración de espacios y actividades, y que a su vez induce o guía las inversiones y el desarrollo urbano; un tema que de tratarse deficientemente afecta el funcionamiento de ciudades y comunidades enteras, alterando la productividad y calidad de vida de sus habitantes impidiéndoles el correcto acceso de los bienes y servicios básicos que son indispensables para una vida en plenitud de ejercicio de los derechos humanos.
La Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato vigente, fue promulgada en 1993, pensada desde una visión centrada en el uso del automóvil y conceptualizando la movilidad únicamente como la configuración de sistemas de transporte, perspectiva que ha sido rebasada por temas como la transversalidad de acciones, los derechos humanos de tercera y cuarta generación, la perspectiva de género, las necesidades viales y de seguridad, la pertinencia del uso de medios alternativos de transporte y de combustibles de origen no fósil y el avances en las tecnologías de información y comunicación que inciden en la contratación de servicios relacionados con el transporte, entre otras. En resumidas cuentas, hemos cambiado y nuestras leyes deben reflejar ese cambio.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos de acuerdo con el Ejecutivo del Estado en la apremiante necesidad de adecuar el marco normativo en materia de tránsito y transporte, para incluir la movilidad como un concepto integral, estableciendo las bases y lineamientos para que el desplazamiento de las y los guanajuatenses y, todas las personas circulan por Guanajuato, se realice de forma segura, respetuosa del medio ambiente y eficiente.
A pesar de lo agolpado del trabajo que por alguna razón se insistió en hacer lo grueso y delicado del trabajo en tiempos de revisión del Informe del Gobernador Constitucional Miguel Márquez Márquez y la expedición del Reglamento de Fiscalización, para el que sí existía una fecha fatal, logramos permear esta iniciativa de la perspectiva de derechos humanos, y de sensibilizar a las partes involucradas respecto a la importancia de la movilidad, que es más que la configuración, programas o acciones relacionadas con un sistema de transporte, puesto que se trata de un derecho humano que ni siquiera se restringe a un proceso individual, sino que guarda estrecha relación con un entorno determinado en donde habitan las personas, las alternativas para su desplazamiento y la planeación de asentamientos humanos, el desarrollo y el cuidado al medio ambiente, entre otros aspectos; y en este momento reconocemos la disponibilidad y apertura mostrada por la diputada y los diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones (Juan Carlos Muñoz Márquez, Isidoro Bazaldúa Lugo, Guillermo Aguirre Fonseca, Leticia Villegas Nava y Rigoberto Paredes Gómez).
Es de reconocer que por conducto de su presidente Juan Carlos Muñoz Márquez, dicha Comisión escuchó atentamente las voces de todos los sectores interesados, entendió que había temas pendientes en la Ley motivo del dictamen que ahora se somete a la consideración de este Pleno, y buscó las formas y mecanismos que aseguraran que la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios que estamos por aprobar modificara su visión, ampliara su perspectiva y fuera un marco regulatorio a la altura de las necesidades de Guanajuato.
Como diputada, mujer y militante de un partido político en donde velamos siempre por la protección de la mujer y su derecho a la igualdad, me di a la tarea de permear en el documento hoy sometido a su opinión la visión de perspectiva de género y el involucramiento de las autoridades de todo orden de gobierno en acciones a favor de la no violencia hacia la mujer y grupos vulnerables desde un ámbito proactivo y no reaccionario, acercando a especialistas y haciendo propuestas específicas, siempre con el ánimo de mejorar la propuesta del Ejecutivo.
De igual forma, en el Partido Verde hicimos énfasis en incluir y no seccionar de la regulación de movilidad temas parte de una visión integral como el tránsito, los estacionamientos, la libre concurrencia y competencia y otros temas que no habían sido considerados o eran tratados someramente.
Ahora bien, este ejercicio logró sentar las bases para la construcción de mejores leyes, más no significa que no hubo disensos o propuestas que se quedaron en el tintero, se han sentado las bases para perfilar mejor el marco regulatorio de temas centrales para toda administración y asentamiento humano, y si es necesario podemos todavía hacer unos últimos ajustes para darles a las y los habitantes de Guanajuato una ley a la altura de lo que se requiere.
Si coincidimos en que la movilidad es reflejo de las condiciones socioeconómica y política de la vida en las entidades de la República, es hora que en Guanajuato establezcamos un marco legal acorde a la visión actual de movilidad, bajo la perspectiva de los derechos humanos, incluido el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho a la integridad física y sexual de grupos vulnerables, que nos ponga en el camino de ser un Estado donde se fomenta la convivencia, la pertinencia e integración social diaria de sus habitantes a través de la movilidad.
Ley de Movilidad de gran trascendencia para Guanajuato; Partido Verde
