León, Guanajuato.- El Diputado Federal Miguel Ángel Salim aseguró que, tras la aprobación de su Punto de Acuerdo en la Comisión Permanente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realizará una amplia revisión de los términos del contrato de concesión a favor de “Aeropuerto del Bajío S.A. de C.V.”, la empresa creada para administrar el Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG), ubicada en Silao.
Lo anterior, agregó el diputado Salim, para verificar si se están cumpliendo con las obligaciones de conservación, mantenimiento de infraestructura y calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios del AIG.
Y es que, según datos recabados por el legislador panista, el AIG lideró el ranking de terminales que más pasajeros atendieron –al subir de 1 millón 203 mil a 1 millón 472 mil usuarios entre 2014 y 2015- hasta colocarse como unos de los aeropuertos más rentables entre los 12 concesionados al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), con un 150% de incremento de utilidades entre 2013 y 2015.
Salim explicó que este crecimiento de pasajeros y utilidades no se ve reflejado en el Plan Maestro 2015-2019 del GAP, pues en este documento el AIG sólo tiene contemplado 269 millones de pesos de inversión, mientras que otros aeropuertos más pequeños y menos rentables, como el de Hermosillo, Vallarta, o Tijuana recibirían 386, 360, y 1 mil 121 millones de pesos de inversión, respectivamente.
“Esta limitada inversión hará más críticas las inconformidades de los usuarios que se quejan por la mala calidad de los servicios en salas de espera, sanitarios, estacionamiento, área de restaurantes, así como infraestructura y conectividad con otros servicios de transporte”, consideró Salim.
Ante esta situación, el diputado por Guanajuato propuso que la SCT haga uso de la facultad establecida en el Artículo 27 de la Ley de Aeropuertos, para verificar si la falta de inversión y mantenimiento en el AIG es causal de revocación del contrato de concesión firmado en febrero de 1998.
La propuesta presentada por el Diputado Salim el pasado 4 de mayo, fue respaldada por todos los Grupos Parlamentarios, tanto al interior de Comisiones, como en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.