Por: Gustavo Merino Juárez
Especialista en Desarrollo. Profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey
No se avizora una salida rápida a la pandemia y la crisis económica. El manejo de la pandemia ha sido deficiente y el número reconocido de contagios y de muertes, de por si altísimo (más de medio millón de casos y más de 57 mil muertes), probablemente subestime la realidad. Llaman la atención la información pública contradictoria, la renuencia a promover medidas efectivas y de bajo costo como el uso de cubrebocas y el que, durante la pandemia, el gasto en salud sea menor a lo presupuestado y a lo gastado en 2019 (México Evalúa). En cuanto a la economía, en México llovió sobre mojado. Ya antes de la pandemia teníamos una contracción económica de -0.1%. Las decisiones como la cancelación del aeropuerto y de proyectos ya autorizados como la cervecera en Mexicali o el embate contra los proyectos de energía renovable, aunado a la decisión de asignar recursos cuantiosos a Pemex y a proyectos costosos pero de dudosa rentabilidad como la refinería Dos Bocas, ahuyentaron la inversión extranjera y nacional y contribuyendo a los malos resultados económicos. La severa política de austeridad aplicada durante una crisis económica que reclama mayor gasto público, aunado al debilitamiento de la capacidad gubernamental, no ayudan ni generan confianza. Si a ello sumamos el impacto económico de la pandemia desde febrero, para julio enfrentamos una verdadera catástrofe, con una pérdida del PIB de -18.9% a tasa anualizada, regresando nuestra economía al tamaño que tenía hace una década.
El impacto en el empleo ha sido brutal. Más de 1 millón 100 mil empleos formales desaparecieron en tres meses y en julio se observó la peor caída en el número de empleos registrados el IMSS: -4.3%, afectando, más a algunos estados: Quintana Roo tuvo la peor caída: 24% y Guanajuato, en sexto lugar, 4.6%. La pérdida de empleos en el sector informal también es enorme, considerando que ahí se encuentra más de la mitad de la población ocupada. Como resultado, los ingresos de muchas familias han caído significativamente. El impacto ha sido particularmente severo en los estratos de menor ingreso, 83.7% de los empleos formales perdidos pagaban entre 1 y 2 salarios mínimos. Como resultado, esta crisis aumentará y profundizará la pobreza, millones de personas antes de clase media, pasarán a la pobreza y otros millones acabarán aún más pobres. También aumentarán las desigualdades, como la existente entre quienes pueden trabajar desde casa y quienes deben salir a trabajar o quienes pueden utilizar herramientas tecnológicas e internet para la educación a distancia y quienes dependerán de la televisión.
Lamentablemente, las acciones públicas para facilitar la reactivación de la economía, proteger a las familias por la pérdida del ingreso y evitar la profundización de la pobreza y la desigualdad, han sido escasas, mal diseñadas y mal dirigidas, Por eso la reactivación será lenta y tortuosa. Como diría Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard, hay que estar preparados para un maratón, no para un sprint. Mientras que México ha destinado sólo 0.4% de su PIB a apoyos para la recuperación, Alemania destina 36%, EUA 14.8%, Perú 12% y Colombia 7.9%, (México, ¿Cómo vamos?). Entre los principales apoyos están los créditos otorgados a algunas empresas, que son útiles dada la necesidad de liquidez, pero sin que se haya presentado un mecanismo claro y transparente para determinar la elegibilidad, consistente con las empresas y sectores más afectados o que los montos otorgados reflejaran adecuadamente las necesidades. En cualquier caso, faltan acciones dirigidas a mantener el empleo y a evitar la quiebra de empresas. En cuanto a la protección de ingresos, los apoyos sociales no están dirigidos a los más afectado. Además, muchos que no estaban en pobreza y por ello no estaba cubiertos por programas sociales, quedarán desprotegidos. Cabe señalar que los principales programas que permitieron durante la crisis de 2009 proteger a la población en pobreza, particularmente la extrema, fueron suprimidos por esta administración.
Urgen medidas contundentes para facilitar reactivación económica y para proteger el ingreso de las familias. Urge también un mensaje claro y sostenido con hechos, de que se respetará el estado de derecho y que la política pública, en particular la económica, no se definirá caprichosamente. Como país, debemos no solo enfocarnos a resolver los problemas inmediatos, sino tener también una visión de largo plazo y prepararnos para enfrentar una nueva realidad post pandemia y post crisis, que requerirá replantear como producimos, consumimos e incluso nos relacionamos. Una realidad que aproveche mejor el avance tecnológico acelerado, que resulte en mayor crecimiento y desarrollo para todos y que sea sostenible.