Guanajuato.- Ante las acusaciones de irregularidades en la adquisición de insulina de procedencia china aplicada a pacientes del Seguro Popular, atendidos por el sector salud de Guanajuato, el gobierno de la entidad debe dar una respuesta abierta y transparente a la sociedad: aclarar y fundamentar si no hubo ilegalidad y, si la hubo, sancionar a quien resulte responsable. Las declaraciones de los secretarios de Finanzas, Inversión y Administración y de Salud de la entidad no sólo no constituyeron una respuesta a la acusación, sino que evidencia un solapamiento a las empresas involucradas.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PR), Baltasar Zamudio Cortés, demandó lo anterior. El Gobierno del Estado debe dar certeza este asunto, al que calificó de “muy delicado” por afectar la salud de las y los guanajuatenses
El líder perredista demandó aclarar los señalamientos que ya hace tiempo publicaron medios nacionales y regionales y que ahora profundizó y retomó la televisión nacional sobre la compra en 2013 de insulina china a las empresas Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico. Las investigaciones periodísticas indican que el medicamento no tuvo los efectos adecuados en pacientes y, además, hubo un sobreprecio en la venta del producto. En total se asignaron más de 4 mil millones de pesos a estas empresas de proveedores señalados como vinculados con el gobierno de la entidad.
Las declaraciones de Ángel isidro Macías Barrón, subsecretario de Finanzas, Inversión y Administración; y el titular de la SSA, Ignacio Ortiz Aldana, no respondieron a los cuestionamientos; el gobierno del estado no puede continuar con una política de ocultamiento de información que proyecta una complicidad con los proveedores, destacó el dirigente.
Zamudio Cortés dijo que en este caso debe intervenir la Comisión Nacional para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como órganos de fiscalización tanto estatales como federales; sobre todo porque la SSA quiere deslindarse de su responsabilidad al señalar que el gobierno federal avaló la calidad del medicamento.
Es sintomático, prosiguió, que en la SSA se sigan registrando irregularidades. Desde el gobierno de Juan Manuel Oliva se hicieron públicos graves ilícitos y en vez de corregirlos y depurar la dependencia, ha continuado la secuela de cuestionamientos, hasta concluir con una cuestionada, opaca y sospechosa licitación de medicamentos, así como la negativa del gobierno estatal para que Transparencia Mexicana fuese testigo social en la adquisición de medicamentos, luego de que el organismo se inconformara cuando falsamente se dijo había avalado compras del sector salud de la entidad.
Este hecho es tan grave como lo registrado en Veracruz y, de confirmarse, debe haber un castigo ejemplar para quien resulte responsable y obliga al gobernador Miguel Márquez a replantear sus políticas públicas en materia de salud, concluyó el líder perredista.