Guanajuato.- El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado mediante la diputada Celeste Gómez Fragoso presentó un propuesta de punto de acuerdo, para exhortar al presidente de la República para que la Secretaría de Hacienda libere recursos por más de 794 millones de pesos del presupuesto, congelados a 26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad del sector salud.
Asimismo, en otra parte del exhorto, vista la renuncia del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, se pide al presidente López Obrador, que antes de tomar cualquier determinación que afecte las finanzas de dicha institución de salud, ordene la realización de estudios que demuestren y sustenten de manera contundente la extrema necesidad de acotar dicho presupuesto, pero sin afectar el derecho a la salud de las y los mexicanos.
En tribuna, la congresista señaló que en el caso de Guanajuato se presenta una afectación al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, por más de 68 millones de pesos que ponen en riesgo su viabilidad operativa, lo cual va en detrimento de la salud y la vida de los miles de guanajuatenses.
Otro ejemplo de esta crítica situación provocada por la paralización de los recursos presupuestarios, es la afectación que sufre el Instituto Nacional de Cancerología con un recorte de casi 226 millones de pesos.
La diputada Celeste Gómez destacó que el diagnóstico terrible que se contiene en el documento de renuncia del director del IMSS fue corroborado el día de ayer, por la categórica declaración del Delegado estatal que ese organismo tiene en Guanajuato: “En el IMSS falta de todo.”
Los fundados señalamientos de esa crítica situación del Seguro Social, que agudiza su ya de por sí grave condición, se atribuyen a la «perniciosa injerencia” de la Secretaría de Hacienda, traducida en recortes de personal e indebido congelamiento de recursos financieros.
Puntualizó que es de explorado derecho, que el Seguro Social es una institución tripartita; y que esa característica consiste en la participación de los sectores de la producción, capital y trabajo, a los que se agrega la del Estado para garantizar su permanencia.
Esa triple participación, debe ser en las aportaciones presupuestales y en la gestión de sus servicios, esto es, que tanto el patrón, como el obrero y el gobierno federal, deben de aportar dinero para integrar los recursos del Seguro Social; y también, los tres sectores, deben de tener parte en la gestión y manejo administrativo del Instituto.
Ocurre, como todos sabemos, porque esto se encuentra en la Ley del Seguro Social, que quienes más aportan son los patrones; en segundo lugar los trabajadores; y hasta el último lugar, con una cuota realmente baja, contribuye el Gobierno Federal.
No obstante que el Gobierno de la República es el menor aportante, en este caso, de manera injustificada y paradójica, es el que hace y deshace, es el que pone y quita; y ahora, es el que quiere recortar al personal, dizque para ahorrar recursos, poniendo en grave riesgo la viabilidad institucional de este organismo, acotó.