El proyecto escudo en la mira del Congreso de la Unión

León.- Debido al incremento de inseguridad en el estado de Guanajuato así como los asesinatos vinculados con el crimen organizado y el robo de combustible a lo largo de la entidad el congreso de la unión llamará a comparecer al estado de Guanajuato por el proyecto escudo a lo que diferentes diputados encabezados por Bárbara Botello Santibáñez han calificado con resultados negativos

1. En la sesión del miércoles 24 de mayo de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por parte de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobierno del Estado de Guanajuato, a presentar un informe detallado sobre los resultados, hasta el momento, de la implementación del Programa Escudo en la entidad.
Con fecha 25 de mayo de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-748
2. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 7 de junio en curso, se dio cuenta con la proposición con punto de acuerdo presentada por la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que se exhorte al Gobierno del Estado de Guanajuato, a efecto de que refuerce las acciones destinadas a ofrecer seguridad a la población
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición fuera turnada a esta Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, a fin de que se procediera a su estudio y la formulación del dictamen correspondiente.

3. Los Senadores proponentes argumentan que en el caso del estado de Guanajuato, las estadísticas revelan un incremento sistemático del número delitos cometidos en la entidad, entre los que destacan de manera importante los homicidios, ello a pesar de que el tema de la seguridad pública se planteó como una de las estrategias centrales desde el inicio de la gestión del actual gobernador.
Destacan que el estado se ubica en el lugar 9 a nivel nacional por el número de homicidios cometidos. Tan sólo al cierre de 2016, se registraron un total de 961 de dichos delitos, 320 más que en 2013, cifra que se ha venido incrementando sostenidamente. Asimismo, que al cierre de 2016 se alcanzó la cifra más alta de los últimos 20 años. Ello significa que hubo casi tres homicidios diariamente durante el año.
Apuntan que el pasado abril el total de homicidios sumó 88, es decir, 19 y 21 más con relación a los registrados en el mismo mes de 2016 y 2013.
Mencionan que la cifra acumulada para el periodo enero y abril de 2017, ascendió a 350 homicidios, número superior al observado en el mismo periodo del año anterior, el cual alcanzó 261 casos. Tan sólo el pasado día 14 mayo, en dos hechos distintos, fueron asesinadas cinco personas en Apaseo el Grande, cuyos cuerpos presentaban impactos de bala; el día 24 del mismo mes en San Miguel de Allende cuatro taxistas fueron ejecutados al ser atacados a balazos en el tramo carretero Celaya-San Miguel de Allende; también fue asesinado el director de seguridad pública de Apaseo El Grande, afuera de su propio domicilio; y el día 28, tres hombres armados asesinaron a una persona cerca de su domicilio, en el municipio de Pénjamo, Gto., al dispararle al menos cuatro veces.
Concluyen que este incremento en el número de homicidios en particular y, de la incidencia delictiva revelan el fracaso de la estrategia en materia de seguridad pública implementada desde el inicio del actual gobierno estatal, el cual se ha mostrado omiso para garantizar este derecho fundamental de la población.
Por lo anteriormente expuesto, las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional propusieron la adopción de los siguientes puntos resolutivos:
“Primero. Se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezca la estrategia de seguridad pública para reducir el incremento sostenido del número de homicidios dolosos ocurridos en diversos municipios de la entidad en lo que va de la actual administración estatal, con el objeto de garantizar la integridad y proteger la vida de los habitantes.
“Segundo. Se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato a fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal, con el objeto de prevenir y combatir el robo de hidrocarburos en la entidad, así como a la delincuencia organizada.
III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN
Primera. En términos de lo previsto por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los promoventes se encuentran plenamente legitimados para formular las proposiciones con punto de
Acuerdo relacionadas en el apartado precedente. Y, a su vez, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene competencia para conocer y resolver sobre las mismas.
Segunda. Quienes integramos la Primera Comisión de Trabajo estimamos procedente la acumulación de las tres propuestas con punto de acuerdo que se han señalado en los tres apartados precedentes, en virtud de que abordan el tema de la inseguridad pública que prevalece en el Estado de Guanajuato, por lo que plantean la necesidad de reforzar las medidas tendentes a garantizar la integridad y proteger la vida de los habitantes.
Tercera. La seguridad pública constituye un derecho fundamental de la población, toda vez que permite proteger su integridad física y patrimonio, garantizar el estado de derecho, la paz y el orden, y es una condición medular a fin de sentar bases sólidas para el progreso de la sociedad en conjunto.
Existe consenso entre los especialistas en el mundo en que respetar el estado de derecho y tener índices bajos de criminalidad son factores decisivos para la prosperidad económica y el bienestar social, tal y como apunta la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Por su parte, la Organización de Estados Americanos señala que “La situación relativa a la seguridad pública constituye hoy la principal amenaza para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y las posibilidades de desarrollo de nuestra región. La violencia y la inseguridad en general afectan al conjunto de nuestra sociedad y deterioran severamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos, quienes se sienten atemorizados, acosados y vulnerables ante la amenaza permanente de victimización. Se trata de una situación que, en el caso de los jóvenes, y particularmente de los jóvenes de los estratos más vulnerables de nuestras sociedades, alcanza la forma y la dimensión de un exterminio sistemático”.
La complejidad de este asunto, demanda la estrecha coordinación de los tres ámbitos de gobierno, como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política, el cual establece a la letra que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”.
Por su parte, el artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato menciona que “La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución”.
Cuarta. Esta comisión dictaminadora, en el análisis y estudio de los presentes puntos de acuerdo, coincide con la diputada María Bárbara Botello Santibáñez en cuanto a la importancia de conocer los resultados obtenidos por el Programa Escudo, instrumentado por el gobierno de Guanajuato.
En primer término, es conveniente señalar que el Programa Escudo forma parte de la Dirección General del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i).
La Dirección General del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), es la dependencia responsable de la correcta operación de los Sistemas de Monitoreo y Radiocomunicación de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Emergencia y Rescate entre otros.
El C5i se ha convertido en el cerebro del programa de seguridad estatal “Escudo”, mediante el cual se fortalece la coordinación tecnológica única que permite la participación de todos los cuerpos de seguridad y el Ejército Mexicano en un solo centro de mando. [*]
En ese sentido, esta comisión informa que el Gobierno del Estado de Guanajuato ha presentado un comunicado oficial del 25 de mayo del 2017 con los siguientes resultados del Programa Escudo:
Resultados Programa Escudo
Dirección de Comunicación Social 25 mayo, 2017
Permite Escudo en poco más de tres años la recuperación de más de tres millones de litros de combustible extraído de manera ilegal.
• Más de Un Millón 800 mil dosis de distintas sustancias tóxicas han sido aseguradas.

Guanajuato, Gto., 25 de mayo de 2017- A partir del arranque de operaciones a la fecha, el Programa Estatal de Seguridad Escudo ha fortalecido la coordinación entre los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, lo que ha permite presentar resultados contra el delito y la impunidad.
• Recuperación de combustible extraído de manera ilegal.

En poco más de tres años, a través del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), en donde se concentra la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como la SEDENA, PF, PGR y la Dirección de Seguridad Física de Pemex, se ha recuperado una cantidad importante de hidrocarburo robado.
A la fecha, se han asegurado un total de 3 millones 49 mil 850 litros de hidrocarburo extraído de manera ilegal de los ductos de PEMEX.
Estas acciones, han dado como resultado el cierre de 526 tomas clandestinas además del aseguramiento de 451 vehículos, 50 pipas, 65 camiones, 12 remolques, 27 motobombas, 9 cisternas, 6 tráileres y cinco motocicleta, así como de diversos tipos de herramienta, cubitanques, accesorios y contenedores, utilizados para la extracción, almacenamiento, y trasiego de combustible.
• Aseguramiento de sustancias tóxicas.

La operatividad conjunta realizada entre autoridades estatales, federales y municipales, con apoyo del Programa Escudo, ha permitido una mayor contundencia en la lucha contra la venta de droga al menudeo.
Ello significa que en el periodo que se informa, se han sacado de las calles del estado la cantidad de 1 millón 842 mil 375 dosis de diversas sustancias con características de droga principalmente mariguana, cocaína, cristal y piedra base.
Además de 14.8 kilogramos de heroína y 1,263 plantas de hierba verde al parecer mariguana.
• Se aseguran más de 24 mil de cartuchos y armas de fuego.

A través de los diversos patrullajes, así como de operativos conjuntos que se implementan tanto en la zona urbana y rural de la entidad, han dado como resultado el aseguramiento de 24 mil 968 cartuchos útiles de diversos calibres, además de 1,327 armas de fuego, 22 granadas de fragmentación y dos fusiles calibre .50 milímetros conocidos como Barret.
• Detención de personas por distintos delitos.

El despliegue operativo a lo largo y ancho de la entidad y la implementación de diversas estrategias conjuntas entre los tres niveles de gobierno, ha permitido que a la fecha, hayan sido aseguradas un total de 4,861 personas, por la comisión de delitos del orden común y del federal, entre ellos el robo de combustible, posesión de sustancias tóxicas y portación de armas de fuego.
• Vehículos asegurados con reporte de robo

Con el apoyo del C5i del Programa Escudo, a la fecha se han asegurado un total 2,512 vehículos automotores; además de 810 motocicletas, 19 tractores agrícolas, 122 tráileres, 81 camiones de carga, 14 semirremolques, una máquina perforadora de pozos, tres retroexcavadoras, cuatro pipas, seis tolvas y dos camiones plataforma, todos con reporte de robo.

• Desarticulación de 20 células criminales

Finalmente, mediante los trabajo de investigación e inteligencia con el apoyo de la tecnología y la coordinación operativa que permite Escudo, los grupos especiales han desarticulado un total de 20 células criminales. [*]
En razón de lo anterior, esta Comisión considera que lo presentado en el sitio oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, constituye un avance en la emisión de los resultados de dicho programa. No obstante, no se puede considerar como un informe detallado dicho comunicado de la Dirección de Comunicación Social, ya que la información citada previamente no contempla una metodología que justifique los resultados que arrojan los datos.
En ese orden de ideas, considerando la importancia que reviste el tema de la seguridad en esa entidad, es pertinente que se profundice en la información desplegada con anterioridad por parte de la autoridad estatal, por lo cual es posible solicitar un informe detallado de los resultados mostrados.
En lo respectivo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Primera Comisión hace referencia a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 7 que las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:
II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;
III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;
Relacionado con el artículo anterior, se hace mención del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebraron el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Guanajuato, que en la cláusula Vigésima Séptima, estipula la forma para hacer requerimientos de información entre estas dos autoridades.
I. «EL GOBIERNO DEL ESTADO» se obliga a entregar la información que «EL SECRETARIADO» le requiera, relativa a:
a) El ejercicio de los recursos del «FASP» y el avance en el cumplimiento de los programas o proyectos financiados con los mismos.
b) La ejecución de los programas de seguridad pública derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública.
II. El informe deberá ser entregado a «EL SECRETARIADO», por «EL GOBIERNO DEL ESTADO», en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir del requerimiento correspondiente. [*]
Es necesario mencionar que el estado recibe recursos por parte de la federación de acuerdo con el FASP (Fondo de Aportación Para la Seguridad Pública), de los cuales, un porcentaje es utilizado en el rubro de tecnologías e infraestructura como se muestra en el convenio y el anexo del Secretariado Ejecutivo.
Por su parte, el Programa de Gobierno 2012-2018 del Estado de Guanajuato, establece a la seguridad pública como una de principales prioridades durante la administración. En este sentido, se planteó que “En seis años, Guanajuato será reconocido como unos de los estados más seguros del país, fundamentado en una sólida cultura de prevención y en la participación activa y comprometida de la sociedad, con instituciones sólidas que trabajan eficaz y coordinadamente con los más altos estándares de certificación, equipamiento y tecnología de vanguardia, en un marco de respeto hacia los ciudadanos y sus autoridades, contribuyendo a una ambiente de estabilidad y paz social en donde los guanajuatenses y sus familias se desarrollen de manera próspera”.
En este sentido, el Eje Guanajuato Seguro establece las siguientes atribuciones:
En materia de prevención del delito
• Promover en coordinación con la sociedad, campañas tendientes a la prevención de los delitos
• Impulsar la cultura sobre prevención del delito y participación ciudadana

En materia de Seguridad Pública
• Conservar el orden, la tranquilidad y la seguridad del estado.
• Establecer las políticas de evaluación y control de confianza.
• Coordinar los esfuerzos para enfrentar los problemas de seguridad pública.
• Auxiliar al Ministerio Público, cuando así se le requiera, en la investigación y persecución de los delitos.
• Organizar, capacitar, supervisar y controlar, los cuerpos de seguridad pública.
• Vigilar el tránsito y la seguridad en las carreteras, caminos y áreas de jurisdicción estatal.
• Analizar la incidencia criminológica y la problemática de Seguridad Pública en el ámbito estatal.
• Coordinar las actividades del sistema estatal de protección civil.

Pese a lo establecido en la estrategia gubernamental estatal, se aprecia un incremento en la incidencia delictiva en el estado, pues adicionalmente a los datos que ofrecen los proponentes en sus puntos de acuerdo, cabe mencionar que en los primeros cuatro meses del año se han cometido 350 homicidios dolosos, 89 más que en el mismo periodo de 2016, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Así mismo, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el rubro de delitos registrados en abril 2017, Guanajuato se ubica en el tercer lugar nacional con una incidencia de 8,980 delitos [*], lo cual llama revela que dicha entidad presenta actualmente una problemática importante en esa materia que debe ser afrontada mediante la coordinación efectiva con la instancia de seguridad nacional antes mencionada.
Adicionalmente, es de destacar que medios de comunicación a nivel nacional han consignado la problemática de inseguridad que se ha venido acentuando en municipios como León, Guanajuato, con base en información derivada del Reporte Anual de Incidencia Delictiva 2016, en el que destacan la percepción de la ciudadanía en cuanto a seguridad, en donde se refleja que el porcentaje de delitos de alto impacto en el Estado de Guanajuato ha incrementado de manera significativa. [*]
En virtud de lo expuesto y fundado, nos permitimos plantear la adopción por ese H. Pleno de la Comisión Permanente del siguiente:
IV. RESOLUTIVO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Guanajuato para que remita a esta Soberanía un informe detallado sobre los resultados de la implementación del Programa Escudo para la seguridad en dicha entidad.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, implementen acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los catorce días del mes de junio de 2017.